
El magistrado José Alejandro Vargas, al conocer una solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional en contra del imputado, consideró que el dinero que se le ocupó en momento de su apresamiento, no constituye infracción penal en República Dominicana.
El tribunal sostiene, además, que las transacciones telefónicas practicadas con autorización judicial al imputado no pueden deducirse consecuencias que lo vinculen con una red de narcotráfico como sostiene el fiscal adjunto Francis Soto Mejía, adscrito al Departamento de Investigación de Drogas Narcóticas, quien solicitó la medida de coerción.
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