La directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, rectifica ahora su actitud anterior, con la que puso en peligro la estabilidad de mercado para el arroz de producción nacional.
Proconsumidor pidió a la población consumir el arroz que se produce en el país sin temores, ya que los niveles de arsénico del producto no representan peligro para la salud.
La entidad dijo acogerse a la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) en torno a la cantidad del químico en arroces producidos en Norteamérica.
Está demás entonces, insistir en que la declaración de Paulino, de que analizaría y vigilaría el arroz dominicano, fue precipitada.
En ningún momento el cereal criollo fue cuestionado, y ahora se admite que los niveles de arsénico detectados en el de origen estadounidense no sobrepasan los niveles de inocuidad.
Con sinceridad, creo que Proconsumidor puede accionar de manera más efectiva.
Está claro que a diferencia del arroz y otros del rubro agrícola, los alimentos procesados de mayor consumo entre la población del país son elaborados con componentes dañinos
En líquidos, los más populares son los refrescos de soda, que por su contenido de CO2 afectan el sistema urinario, sobre todo los riñones, pero además contienen cantidades exorbitantes de azúcar y colorantes...
Los carbonatados son precursores de la mayoría de enfermedades degenerativas que afectan a las presentes generaciones: diabetes, hipertensión, arterioesclerosis, obesidad mórbida, cálculos, insuficiencias, etcétera.
Las autoridades de Nueva York mantienen una campaña dirigida a reducir el hábito, que es más bien un vicio, de consumir refrescos, y entre otras cosas prohibieron la venta de esas bebidas en botellas gigantes.
Proconsumidor, muy bien que pudiera dedicarse a elaborar un anteproyecto que regule el expendio y publicidad de los refrescos, incluso, que por Ley del Congreso se les coloque impuestos selectivos dirigidos a reducir su consumo.
Es lamentable que mientras en un colmado una botella plástica de agua Dasany de 10 onzas cuesta hasta 25 pesos, una botella de medio litro de Coca-Cola, de la misma empresa, se vende en apenas 15 pesos, para que los incautos compren una enfermedad.
Peor pasa con las llamadas “bebidas energéticas”, que no son tales, ya que no contienen nutrientes, sino grandes cantidades de cafeína, taurina y otros elementos capaces de desatar ataques mortales y achaques crónicos.
En cuanto a la pasta de tomate, que la gente llama erróneamente “salsa”, muchos pintores y desabolladores la usan como removedores de pintura de los carros.
De las pastas dominicanas ni hablar, ya ha citado Joseph Cáceres que se pegan del paladar, porque carecen de semolina y son pura harina de trigo, con muy pocas excepciones.
Si bien es bueno que se denunciara que casi todos los embutidos se hacen con porquerías, Proconsumidor debiera establecer que lo mismo pasa con los sazonadores y caldos de pollo o “sopitas”, que también se extraen de desechos.
Casi todos los alimentos que se les ofertan a los dominicanos están fuera de control, y se comercializan sin asumir ninguna responsabilidad penal o civil por los daños que causan.
Por los niveles de especulación y engaño con que se manejan los comerciantes, creo que Proconsumidor haría bien en obligar a las grandes tiendas, plazas a colocar ventanillas para recibir las quejas de sus clientes.
Estas reclamaciones deberán tener su número de orden, de manera que si un en tiempo prudente el interesado no recibe respuesta, o no le satisface, pueda apelar a la instancia de Proconsumidor.
Lo mismo se establecería en las envasadoras de gas licuado, así, si el consumidor es estafado tendrían donde canalizar su reclamo.
También se dificultaría la publicidad engañosa, que utilizan algunas grandes tiendas, de anunciar un producto atractivo en especial, para luego salirle a la gente con una versión diferente.
Considero que con las operaciones de decomiso masivo de alimentos enlatados abollados, oxidados, o cubiertos de excrementos de ratas, Proconsumidor realiza una labor preventiva, pero insuficiente.
Lo más importante es regular y supervisar, incluso con nuevas normativas, todo lo referente a los alimentos que se comercializan en el país y crear instancias para canalizar los reclamos del público.
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